Ecopetrol CONTRATO DISTRIBUYE RIQUEZA PETROLERA, por Javier Conde

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El convenio colectivo pactado entre sindicatos y la estatal colombiana del petróleo, con duración hasta 2018, se asienta sobre un horizonte optimista del progreso del negocio petrolero.

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Un contrato colectivo, como el suscrito entre Uso-Frente Obrero y Ecopetrol, con sus 18 capítulos y 165 artículos, más actas extraconvencionales, resulta un documento tan o más complejo que la constitución de un país. Su elaboración, discusión y firma supone un trabajo de meses que involucra a un amplísimo equipo de negociadores, de parte y parte, traslados y movilizaciones que escapan al conocimiento público. Al final, lo que se conoce es ese documento de más de 200 páginas que regula la relación entre miles de trabajadores y la estatal petrolera.

Una convención colectiva, además, es un instrumento de escasa difusión en Colombia, uno de los países con menor tasa de sindicalización en el mundo: para 2011, por ejemplo, el número de beneficiarios por convenios colectivos, pactos y contratos sindicales no llegaba al medio millón de personas. La mayor parte del mundo laboral sufre de bajas remuneraciones y desconoce la existencia de mecanismos de negociación. Por ello, entre otros aspectos, la inequidad sigue presente, con datos como los siguientes: 10% más rico de la sociedad se apropia de 50% del PIB y el 10% más pobre se apropia de 0,6% del PIB, de acuerdo a estudios de centros universitarios y organismos laborales.

De manera, que la firma de un convenio sindical de las dimensiones del petrolero es una noticia saludable para el país y para el mundo del trabajo. Un trabajador protegido por un convenio colectivo –a pesar de las debilidades que pueda tener ese pacto- es en este panorama un privilegiado. No sólo en Colombia, sino en buena parte del mundo, donde cae la afiliación a los sindicatos y se prefiere las negociaciones directas e individuales con las empresas.

Detallar el contrato petrolero es una tarea de envergadura. Habría que decir, de partida, que se sustenta sobre un horizonte de 4 años, la duración del convenio, en el que se estima –o se destila entre su letra- que el negocio petrolero seguirá creciendo en el país, a pesar de que los datos conocidos al día de hoy indican que las reservas son menores a 7 años, que ha bajado la producción por debajo del millón de barriles diarios y que la exploración y explotación enfrenta, cada vez más, mayores conflictos sociales y de otro tipo en las zonas petroleras.

USO se comprometió, tras la firma del convenio, a redoblar esfuerzos para alcanzar la meta de 1.3 millones de barriles diarios de producción para el año 2020. Será necesario alcanzar esa meta para financiar, entre otras cosas, un convenio colectivo tan amplio y con beneficios en todas las áreas: desde las directamente remunerativas hasta temas de educación, salud y estructura de la propia organización sindical.

En términos de remuneración el convenio suscrito acuerda un alza de 4% en los salarios, con aumentos anuales, a mediados de cada año, similar al monto del IPC más 1,21 por ciento. Es posible pensar, tomando como referencia el IPC de 2013 que el aumento anual entre 2015 y 2018 no será menor tampoco a 4%: aproximadamente un aumento de 20% a lo largo de la duración del pacto, aproximadamente. Nada mal para una economía que tiene controlado el tema inflacionario.

La gama de beneficios acordados o ratificados se extiende, como en toda convención colectiva, por áreas como transporte, alimentación, viáticos, planes de salud, implementos educacionales, becas para hijos y otros familiares, subsidios habitacionales y planes de vivienda y acceso a la compra de alimentos a precios muy convenientes. Un convenio, en fin, que se corresponde con el sector que mayores ingresos reporta por exportaciones y que tiene un peso significativo en la composición del PIB nacional. La pregunta es: será sostenible en el futuro?, cómo impactará el no cumplimiento de metas de producción en la vida futura de la convención colectiva petrolera?.

No deja de llamar la atención en el conjunto de las cláusulas sindicales el aporte que la estatal petrolera realiza al propio funcionamiento de la organización sindical, algo típico en esa dinámica obrero-patronal pero, quizás hilando fino, en cierta discordancia con la evolución de las organizaciones sindicales y sus vías de financiación. Por ejemplo, en la cláusula 10 se contempla un “auxilio” por más de 888 millones de pesos para el sindicato, suma que debe cancelarse a los 30 días de la firma, y que se repetirá por cada año de vigencia del convenio y se le aplicará el incremento de IPC de los últimos 12 meses previos a la fecha de ese aumento.

El sindicato utilizará esos fondos, de acuerdo a la misma cláusula, para asuntos como  la realización de la Asamblea Nacional de Delegados, la redacción de pliegos, la escuela de capacitación sindical, eventos culturales, celebración del primero de mayo, operación de bibliotecas, acceso a internet, actividades deportivas, el  bachillerato nocturno de USO, estudios del costo de la vida y mantenimiento de vehículos para la actividad sindical. Una gama amplia y diversa, que, junto con otro sin número de cláusulas, define la cooperación empresarial en el mantenimiento y operación de la estructura sindical.

Los sindicatos como organizaciones de rango constitucional en los países de tradición y organización democrática se benefician de los recursos públicos sobre la base de que su labor contribuye al progreso material, social y cultural de importantes masas de trabajadores. Pero, a la vez, los sindicatos deben velar porque sus fuentes de financiación se deriven en mayor medida de los aportes de sus miembros, para garantizar su libertad sindical, como rezan las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo.

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