Por $2,67 billones de pesos SEGUNDO INGRESO A LA FDN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE ISAGEN

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El año pasado ingresaron al patrimonio de la entidad, los primeros 2,5 billones de pesos provenientes de la venta de Isagen.

BOGOTÁ – Tras la emisión y colocación de unos bonos ordinarios por un monto de 2,67 billones de pesos, se concreta a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) el ingreso de la segunda parte de los recursos de la venta de Isagen.

La operación se concretó después de que, en febrero de 2017, la Junta Directiva de la FDN autorizara al representante legal para emitir bonos de la entidad por un monto hasta por 3,5 billones pesos. Así las cosas, el 28 de noviembre la FDN presentó una oferta privada a la Cuenta Especial Fondes para la colocación de Bonos ordinarios por 2,67 billones de pesos, la cual fue aceptada el día de ayer. Es de recordar que el año pasado ingresaron al patrimonio de la entidad, los primeros 2,5 billones de pesos provenientes de la venta de Isagen, mediante la colocación de bonos subordinados.

Al respecto Clemente del Valle, presidente de la FDN, aseguró que “El ingreso de estos recursos provenientes de la venta de Isagen, sumados a los que ingresaron el año pasado, nos permiten aumentar nuestra participación en la financiación de los proyectos de infraestructura, y fortalece nuestra capacidad para movilizar recursos. Sin duda, es una buena noticia para el sector de infraestructura y para el país”.

Los bonos ordinarios se emitieron en una serie A y tendrán un vencimiento de 10 años y un rendimiento equivalente al IPC + 2.978% efectivo anual.

“Con estos recursos aumenta nuestra capacidad para participar en la financiación de todos los proyectos del Programa 4G que faltan por concretar sus cierres financieros. Estos nuevos recursos potencian nuestro rol, nos permiten financiar a largo plazo, con tasas más competitivas y manteniendo participaciones similares a las de los bancos líderes, es decir entre 400 y 600 mil millones de pesos por proyecto, pero llegando a más proyectos.” precisó Clemente del Valle.

Por otra parte, mientras se concretaba la operación de la emisión, la calificadora de riesgos internacional Standard & Poor’s (S&P) anunció que mantiene la calificación de emisor de crédito de la FDN en BBB con perspectiva negativa. Para S&P, la FDN juega un rol central para el cumplimiento de los principales objetivos económicos del país en términos de la financiación de los grandes proyectos de infraestructura. En su informe destaca la contribución de la entidad en el Programa 4G, con su aporte hasta el momento de 10% del total de la inversión requerida.

La calificadora resalta que la FDN ha mantenido un fuerte y adecuado nivel patrimonial. El índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) de S&P, usado para medir el nivel apropiado de capital de las entidades financieras, para la FDN está en promedio en 16,5% para 2018 y 2019.

Para la calificadora, las métricas de financiación de la FDN están en línea con la industria bancaria en el país, debido a sus fuentes de recursos estables, que consisten en capital y deuda subordinada con maduración de largo plazo. Lo anterior sumado a que la entidad cuenta con una adecuada liquidez pues no tiene deudas con maduraciones a corto plazo, muestra una posición moderada de riesgo.

Al respecto, Clemente del Valle destacó que “la decisión de S&P como la de Fitch, de hace unas semanas, de mantener nuestra calificación, confirma nuestra solidez financiera, pero, sobre todo, nuestra capacidad y contribución a la financiación de los grandes proyectos de infraestructura del país”.

Por último, resalta que la presencia en el accionariado de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la CAF y el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ha ayudado a elevar los estándares de gobierno corporativo, con medidas tales como la reducción del número de miembros de junta directiva por parte del Gobierno, el nombramiento de un externo como presidente de la Junta Directiva y la introducción de controles y prácticas de prevención de lavado de activos.

 

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