Sobre consultas populares petroleras LA ACIPET PRESENTARÁ UNA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA SU-095-2018

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El alcalde de Yopal pretende una consulta popular a celebrarse el 1 de febrero de 2019 que convoque a sus habitantes a votar SI o NO a la exploración de hidrocarburos.

BOGOTÁ – La sentencia SU-095-2018 con la cual la Corte Constitucional determinó que mediante consultas populares las jurisdicciones locales no pueden prohibir en sus territorios la realización de proyectos de exploración y explotación de los recursos mineros y petroleros del subsuelo que pertenecen al Estado, enfrenta desafíos de reconocimiento. Algunas autoridades y cabildos locales han asumido poses creativas para eludir las decisiones de la Corte Constitucional, aún a riesgo de muy serias sanciones.

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) inició el proceso para presentar una acción de cumplimiento que exige el acatamiento del fallo SU-095-2018, en contra del municipio de Yopal en el departamento del Casanare y de su cabildo municipal, solicitándoles el rechazo del proyecto de consulta popular presentado por el primero, por abierta inconstitucionalidad. El alcalde pretende una consulta popular a celebrarse el 1 de febrero de 2019 que convoque a sus habitantes a votar SI o NO a la exploración de hidrocarburos. En su empeño, el alcalde desconoce que la Procuraduría Regional le comunicó no acompañar el proceso con base en la decisión de la Corte Constitucional, publicada en su Comunicado N° 40, tiempo antes de la publicación del texto final del fallo SU-095-2018.

Por su parte, el cabildo —a quien el alcalde envió escrito de solicitud de concepto de favorabilidad sobre la consulta popular— no ha escuchado el pronunciamiento hecho en dos ocasiones por su oficina jurídica, la que señala que tal iniciativa debe declararse desfavorable. El cabildo rechazó en una primera vez la solicitud del alcalde por la falta de algunas firmas, y en una segunda vez, por finalización del período ordinario de sesiones, resistiéndose en ambas respuestas a registrar la desfavorabilidad informada por su propia oficina jurídica. La tercera respuesta del cabildo a una iniciativa cuya inconstitucionalidad conocen desde hace varias semanas, se volvió entonces tema de sesiones extraordinarias que se extienden hasta el próximo 26 del corriente mes.

De acuerdo con la Ley, la Acipet esperará respuestas en diez días hábiles al cabo de los cuales, y de ser ellas negativas o evasivas, el caso será sometido a los jueces, para que decidan sobre la constitucionalidad de la iniciativa y el eventual inicio de procesos sancionatorios, por lo cual ha remitido copia de su solicitud a la Procuraduría General de la Nación y a la propia Corte Constitucional.

En uso de su condición de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, la Acipet continuará trabajando sin descanso para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las energías que conforman nuestra actual autosuficiencia energética, y para la defensa de los derechos sociales y laborales de los ingenieros de petróleos colombianos.

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