En el municipio de Hato Corozal JUZGADO SUSPENDE RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y RECONOCIMIENTO A UN COMITÉ DE CONSULTA POPULAR, comunicado de la Acipet

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"Expresamente manifiesta el Despacho judicial, que se debe suspender toda actividad de recolección de firmas (apoyos) en el Formulario que la Registraduría Municipal, que se entregó para tal efecto”. Así lo señaló el ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de Acipet.

BOGOTÁ- Mediante oficio civil No.551 del 30 de noviembre de 2017, notificado en el día de hoy, el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal admitió la acción de tutela presentada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), y otorgó medida cautelar de suspensión provisional de la resolución N° 006 del 3 de agosto de 2017, por medio de la cual, el Registrador Municipal del Estado Civil, reconoce al Promotor/Vocero de una Consulta Popular de origen ciudadano.

“Expresamente manifiesta el Despacho judicial, que se debe suspender toda actividad de recolección de firmas (apoyos) en el Formulario que la Registraduría Municipal, que se entregó para tal efecto”. Así lo señaló el ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de Acipet.

El Sr. Juez vinculó además al proceso, a las siguientes personas y entidades a las cuales ordenó pronunciarse dentro de los tres días hábiles siguientes:

  • Alcalde Municipal de Hato Corozal, Casanare
  • Vocero de una Consulta Popular de origen ciudadano

Las consultas populares que se estructuran para someter la industria de los hidrocarburos a un SÍ o un NO, como si se tratara de una actividad de licitud cuestionable, ponen en riesgo los derechos a la energía de los millones de colombianos, empujándonos a la pobreza energética. Así lo viene manifestando la Acipet en distintos foros, encuentros y audiencias, a través de las cuales desarrolla una actividad pedagógica sobre el aporte de los hidrocarburos al desarrollo de las regiones y del país en general.

La asociación continuará en su incansable despliegue de esfuerzos en favor de la defensa de los intereses del estado y el pueblo colombiano, en especial de sus clases menos favorecidas; y en favor de la defensa de los derechos sociales y laborales de los ingenieros de petróleos colombianos, de conformidad con el mandato en la Ley 20 de 1984 y el reconocimiento que esta Ley le concedió como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional.

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